El policía que avisó a Elosúa entró en su bar de Irún por la puerta trasera para no ser grabado

Todos los datos de la investigación abierta para conocer la identidad del agente que alertó al dueño del bar «El Faisán» de Irún, Joseba Imanol Elosúa, de que estaba siendo seguido por la Policía como miembro de una red de extorsión de la banda terrorista ETA, confirman que el policía en cuestión estaba perfectamente al tanto no sólo de los detalles de la operación sino también de la estrategia policial para controlar los movimientos de los individuos investigados.

Según las fuentes consultadas por ABC, hay un dato especialmente significativo: la persona que entró en el bar «El Faisán» el pasado 4 de mayo para poner en contacto a Elosúa con el misterioso agente que finalmente le informó de que era seguido, sabía que en esos momentos las cámaras de la Policía grababan a todas aquellas personas que entraban por la puerta principal del local. Por ello, decidió entrar por la puerta trasera del establecimiento y en un momento en que sabía que nadie de los que estaban dentro podía identificarle. Este chivatazo abortó la operación en un primer momento.

No lo reconocieron

Como es conocido, ni Elosúa ni su mujer, ni un hijo de éste pudieron reconocer, entre las muchas fotografías de agentes antiterroristas que se le mostraron en el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, al individuo que le había dado el teléfono móvil con el que mantuvo la conversación con el policía «soplón», y al que el desconocido se refirió como «compañero».

Hay otro elemento importante para intentar aclarar lo sucedido. En la grabación que la Policía hizo a Elosúa cuando éste circulaba en su coche en compañía de su yerno, Carmelo Luquín, éste hace referencia a detalles de la operación que le había contado el «soplón» que, sin embargo, sólo eran conocidos por un pequeño grupo de agentes. Entre ellos, por cierto, no se encontraba el comisario general de Información, que por orden expresa del juez Fernando Grande-Marlaska había quedado al margen de la investigación y que sin embargo le fue encomendada a uno de sus hombres, un policía con una brillante y dilatada hoja de servicios en la lucha contra el terrorismo etarra.

Como se sabe, el juez Grande-Marlaska, al tener conocimiento de que se había producido la citada filtración de información sensible nada menos que a uno de los individuos investigados por su presunta pertenencia a ETA, decidió que la Guardia Civil abriera una investigación para que determinara, si es que era posible, la persona concreta que realizó la llamada telefónica al dueño de «El Faisán» y quién hizo de enlace con éste.

Como es lógico, la primera decisión de los agentes del Instituto Armado encargados de las pesquisas fue analizar todas las llamadas que se realizaron a través de teléfonos móviles en la zona de Irún en torno a la hora en que Elosúa situó el contacto con el «soplón». Los datos que se obtuvieron con estas gestiones no eran concluyentes en lo que se refiere a los terminales concretos utilizados pero sí permiten afirmar, tal como informó ayer ABC, que la filtración se hizo desde uno de los celulares adscritos a la Comisaría General de Información.

La razón por la cual no se sabe a ciencia cierta cuál es el terminal concreto desde el que se realizó la llamada reside en que en ese intervalo de tiempo en la zona trabajaban gran cantidad de agentes de esta unidad, tanto destinados en Madrid como en el País Vasco, y en esas circunstancias -era un momento en el que el dispositivo policial estaba a punto de entrar en su fase decisiva- los contactos entre unos y otros agentes son constantes para dar novedades del servicio e intercambiar información operativa.

A pesar de la dificultad objetiva de las investigaciones -además de lo ya mencionado un teléfono móvil puede cambiar de manos en algún momento determinado sin que su titular lo advierta-, las fuentes consultadas consideran que el círculo de donde pudo salir la filtración no es excesivamente grande, ya que pocas personas tenían los datos suficientes para poder afrontar una acción de esas características.

Malestar

Este episodio ha provocado un gran malestar en la Comisaría General de Información, una unidad policial que ha tenido siempre una actitud ejemplar en la lucha contra el terrorismo y que por la actuación de un reducidísimo grupo de agentes está ahora en el ojo del huracán. Por ello, la propia Policía es la más interesada en que se descubra al culpable o culpables de este hecho, muy grave sin duda, pero también aislado.

La gran incógnita, en cualquier caso, es el motivo que ha llevado a estos agentes a cometer un acto de estas características, algo que también deberá aclarar la investigación ahora dirigida por el juez Baltasar Garzón.

El juez Marlaska ordenó en julio el ingreso en prisión incondicional de Joseba Imanol Elosúa Urbieta. Según las investigaciones, Elosúa Urbieta, de 71 años, que había sido detenido por la Policía en Santa Pola (Alicante) junto a su yerno José Carmelo Luquín, aparece vinculado a las actividades de extorsión desde comienzos de los años 80.

La búsqueda del soplón

MADRID. Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por ABC confirmaron ayer que la investigación de la Guardia Civil llega, entre otras, a la conclusión de que el «soplo» al cobrador del chantaje de ETA, Joseba Elosúa, salió de la Comisaría General de Información. El informe de la Benemérita, encargado por el juez Grande-Marlaska y ahora en manos de Baltasar Garzón como titular del Juzgado Central número 5, no señala al responsable de la filtración, que sigue sin estar identificado. Tampoco determina el número y características del teléfono, pero sí que el soplo salió de esa comisaría general.

Las mismas fuentes sostienen que lo más adecuado sería «que la propia Policía le diese el caso resuelto al juez, de tal manera que no fuese precisa una intervención intensa de éste para impulsar la detección de la fuga informativa». Mantienen también que se están llevando a cabo intensas pesquisas para, a partir de la detección del teléfono móvil desde donde se pudo haber efectuado la llamada -en todo caso corresponde a la Comisaría General de Información, sin que a este periódico le consten el número ni sus características- se determine la identidad del «soplón».

Estas fuentes estiman que la tarea no «debería ser extraordinariamente complicada si se valoran determinados aspectos, tales como las personas que tenían acceso al celular, las asignaciones de servicios en la operación antiterrorista, los horarios de los distintos funcionarios que participaron en el operativo y otras circunstancias conexas». Esta versión es contradictoria con otras que mantienen que la dificultad de identificación sería enorme, dado el gran número de móviles utilizados y de agentes que participaron en el operativo contraterrorista.

El informe de la Guardia Civil es conocido, además de por la Dirección General del Instituto Armado y el propio juez, por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y por su fiscal jefe, Javier Zaragoza. Ayer, ni el juzgado ni la Fiscalía se pronunciaron sobre la información de ABC y dejaron que la Guardia Civil cubriese el expediente con una nota de dos líneas en la que se mantiene que la información de este periódico «no se ajusta a las conclusiones del informe elaborado». La nota, no obstante, salvaguarda «la reserva derivada del carácter secreto de las diligencias». Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, tras el Consejo de Ministros, se amparó en el secreto de las actuaciones y se remitió a la brevísima comunicación de la Guardia Civil, que no desmiente la información según la cual el aviso a Elosúa, cobrador del chantaje etarra, salió de alguno de los funcionarios asignados a la Comisaría General de Información o que trabajaban bajo su dependencia en la operación.

La prioridad del juez Garzón, de la fiscalía y de la propia Policía consiste ahora en dar con el filtrador y resolver un caso de extraordinaria gravedad. Según tesis expuestas ayer a este periódico, la intención de quien avisó a los etarras no podía ser otra que «perjudicar gravemente la imagen del Ministerio de Interior y de la propia Policía y poner en cuestión el proceso de paz iniciado por el Gobierno con la banda terrorista ETA». Otras versiones apuntan a un objetivo exactamente contrario: el «soplo» trataría de evitar unas detenciones que delatarían la persistencia delictiva de los etarras mediante el cobro del «impuesto revolucionario». Pero sea cual fuere la tesis que finalmente resulte acertada -y que el juez Garzón está dispuesto a desentrañar-, existe la coincidencia de que la Comisaría General de Información se encuentra en una difícil situación, que viene arrastrando desde que el juez Grande-Marlaska apartase a su responsable -por incompatibilidades en la interlocución- de las diligencias que llevaba con ocasión de la detección y captura de los participantes en la red de extorsión de ETA.

Publicado en el ABC

Para hacer un repaso de " memoria histórica"

29/07/2006 08:28 Autor: lacomunidadelanillo. #. Tema: España.